El Partido Popular está teniendo la mala suerte de “no llegar, o de llegar mal y tarde” a todas  aquellas cuestiones trascendentales que, como consecuencia de la crisis, están afectando a familias, desempleados, empresas o autónomos.

Y es que el PP andaluz recientemente ha presentado en el Parlamento de Andalucía una “improvisada ley del autónomo”.  Una proposición de ley  “obtusa” porque, a interés de sus propuestas, el Partido Popular, recorta y pega el texto de acciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía o incluso ya contempladas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, y todo ello sin un hilo conductor y con una absoluta discordancia, pues proponen una medida y a su vez la contraria.

Seguramente el problema de los “populares andaluces” es que se han visto desbordados por la intensa actividad legislativa que el gobierno de España y la Junta de Andalucía están destinando al apoyo de los autónomos y por tanto sus prisas, para intentar demostrar que también están con ellos, les ha llevado a realizar un análisis erróneo de la situación de este colectivo.

Cuando en el PP se habla de las dificultades de los autónomos, se desvía intencionadamente la atención hacia el problema de la morosidad. Pero quizás sea más perjudicial para los autónomos la severa restricción crediticia por parte de las entidades financieras, que verdaderamente está asfixiando a este colectivo y la caída del consumo, cuestiones éstas de difícil regulación, por no decir imposible, en el anteproyecto de ley que propone Javier Arenas.

Pero la propuesta de ley del autónomo que han llevado al Parlamento, además de realizarse en base a un análisis erróneo y de mantener posiciones discordantes, también desprecia disposiciones constitucionales y legales, puesto que la Junta de Andalucía no puede regular ni bonificaciones a la cotización de la Seguridad Social ni temas de política fiscal.

Por tanto, no es posible que el PSOE-A apoye un documento que, además de improvisado y hecho a la carrera, puede invadir competencias del Estado y no da respuesta a los verdaderos problemas del colectivo de autónomos”.

Yo creo que, para que no caiga en saco roto, Arenas debiera presentar su “magnífica” proposición de ley en Comunidades gobernadas por el PP donde, durante el último año, se ha perdido mayor porcentaje de autónomos que en la nuestra. Como es el caso de Murcia con una pérdida del 5,61%, Madrid que baja un 5,64% o Valencia que los reduce un 7,20%. En todas ellas desaparecen porcentualmente más autónomos que en Andalucía, donde descienden un 4,47%.

Pero como dice el refrán: “en casa del herrero, cuchara de palo…”

Este fin de semana se ha celebrado una Convención de la que el PP ha salido muy unido. Tan unido que en el colofón de la misma no estaba ni Esperanza Aguirre, ni Camps , ni Rita Barberá, por lo tanto faltaban los máximos exponentes de las dos regiones más importantes donde gobierna el PP, además del Ayuntamiento de Valencia… todo un símbolo para la derecha española. Pero supongo que para algunas personas será difícil estar presentes en foros en los que Rajoy reclame unidad (caso de Esperanza) y limpieza (caso de Camps).

No obstante, lo importante del cónclave han de ser las propuestas que de él emanen hacia la sociedad. Y lamentablemente aportaciones a la situación del país, la verdad es que pocas, por no decir ninguna.

Salvo la crítica que ha realizado Javier Arenas a la futura Ley de Economía Sostenible, poco más. Por cierto… tampoco es de extrañar, que no haya aportado ninguna idea para orientar nuestra economía hacia un modelo de desarrollo no tan dependiente del “ladrillo”. El “campeón andaluz” sólo plantea como alternativa que: “la situación económica que vivimos no se afronta sin reformas” y plantea como reforma lo de siempre “la reforma del mercado de trabajo”. Pero eso sí, sin mojarse, sin decir que tipo de reforma es la que pretende el PP.

Aunque a estas alturas ya, poco a poco, vamos conociendo la agenda oculta de Arenas para Andalucía o la de Rajoy para España en cuanto a sus pretensiones para los trabajadores, que no es otra cosa que el despido más barato, por no decir libre. Cuestión que, por otro lado, no se atreven a plantearla abiertamente.

Pero lo verdaderamente lamentable es que mientras el gobierno utiliza a Andalucía como referente para el nuevo modelo de desarrollo sostenible, el PP maneja nuestra región como referente de corrupción, cuando todos sabemos en qué comunidades autónomas están sucediendo hechos bochornosos como el caso Gürtel.

Y es que el pasado día 5 de noviembre, nos despertamos en Andalucía con la noticia de que Arenas planteaba “un pacto por la transparencia y contra la corrupción”. Precisamente lo mismo que ha dicho Rajoy en la convención del fin de semana. Supongo que Arenas habrá recogido el guante de su jefe y como esta propuesta no la podían hacer, por lo que ya sabemos, ni desde Madrid, ni desde la Comunidad Valenciana, pues le ha tocado lanzarla aquí.

Pero lo peor de todo esto es que el cónclave ha puesto de manifiesto cuales son las verdaderas preocupaciones del PP. Les angustia algo que les está haciendo daño internamente, la corrupción, más que por ejemplo la situación económica del país. ¿Por qué no han pedido un pacto para hacer un frente común contra la crisis? Porque eso no les interesa, eso no les reporta votos…

Estoy convencido que el PP pide un pacto anticorrupción temiéndole a los dos tercios del sumario Gürtel que en breve verán la luz pública y para diluir tal circunstancia pretenden, encima, liderar la limpieza y la honestidad de la vida política española.

No obstante voy a recordar algunos hechos recientes: cuando el presidente del gobierno  propuso el 10 de febrero de 2009, en el Congreso de los Diputados, un proyecto de “cooperación nacional” con todos los partidos políticos para luchar contra la crisis, la respuesta de Rajoy fue “Dice usted que pide ayuda. Perdóneme pero no es verdad, lo que nos pide es la complicidad con una política que ha acreditado sus ruinosas consecuencias”.

Pues yo creo que eso mismo es lo que está haciendo Rajoy y Arenas con su propuestas anticorrupción, pretenden que todos seamos cómplices de sus corrupciones internas. Por lo tanto que beban de su misma agua y se apliquen la misma respuesta….

Es más creo que, antes de querer aparentar lo que no son, primero debieran pedir disculpas al exministro Bermejo, a Garzón, al Gobierno de España, al ministro de Interior, a los jueces, a la policía y en general a la sociedad española, por poner en permanente cuestión el Estado de Derecho.

Sin comentarios.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó el pasado día 22 de octubrela creación de la figura del ‘facilitador financiero’, un instrumento con el que se dota al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas a acceder a la financiación de las entidades de crédito, según anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

 El Ejecutivo pretende con esta medida, que tendrá un coste inicial de 10 millones de euros, atender las dificultades de acceso a la financiación que están teniendo proyectos empresariales “viables, rentables y solventes”, al verse afectados por las especiales circunstancias del mercado financiero.

Este nuevo instrumento, que comenzará a funcionar antes de final de año y que se prolongará hasta 2011 -aunque Salgado adelantó que si funciona se podría prolongar aún más-, se encargará de canalizar las solicitudes de crédito de las pymes y autónomos por importe máximo de 2 millones de euros que realicen a las entidades financieras y que hayan sido rechazadas en primera instancia. Según Salgado, se estima que inicialmente se gestionarán unas 200.000 peticiones a través de esta nueva figura.

Las funciones principales del nuevo instrumento serán, por un lado, mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero y, por otro, asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito, así como revisar los expedientes de crédito denegados.

Salgado explicó que los interesados en acceder a los servicios del facilitador financiero podrán hacerlo electrónicamente o por teléfono, entrando en su página web o llamando al call-center. Para ello, tendrán que cumplimentar los datos de un formulario que permitirá valorar si la solicitud se ajusta a los requisitos establecidos y si el proyecto presentado es viable, en cuyo caso será admitida a trámite y deberá aportar los documentos que acrediten su situación.

El facilitador financiero sólo trabajará con aquellas entidades que hayan suscrito un convenio de colaboración con el ICO. En caso de que la entidad que rechazó financiar la operación no tenga firmado dicho convenio, se requerirá al cliente la elección de otra entidad que sí lo tenga. De esta forma, el facilitador mediará con la entidad financiera estudiando la posibilidad de encajar la solicitud en alguna de las líneas abiertas por el ICO para facilitar liquidez a las empresas y trasladará al cliente la respuesta final de la misma.

Para hacer frente a estas nuevas tareas, el ICO dispondrá de una mayor infraestructura mediante la creación de una aplicación informática y un call-center que canalizarán las solicitudes, así como de una central de análisis de riesgo donde se estudiará cada caso.

Red territorial

Además, el ICO pondrá a disposición de pymes y autónomos una red territorial de asesores financieros que analizarán la solicitud de crédito, asesorarán a los demandantes sobre su expediente e intermediarán entre éstos y las entidades financieras para que revisen o recanalicen el caso. Estos asesores se ubicarán físicamente en las instalaciones colaboradoras en todo el país, como la ventanilla única de las Cámaras de Comercio.

Salgado indicó que el nuevo instrumento no supondrá, en ningún caso, una manera de dar dinero público a la banca, sino que se trata de ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento para pymes y autónomos.

Aunque admitió que este servicio de asesoramiento no garantizará la concesión del crédito, sí se mostró partidaria de incrementar las garantías que actualmente asume el ICO en las distintas líneas de crédito siempre que las entidades financieras hagan uso de este nuevo instrumento. Según Salgado, bancos y cajas ya conocen esta iniciativa y consideran que se trata de una buena medida.

Hay ciertas cuestiones que para la iglesia son pecado y en Córdoba una de ellas es hablar de CajaSur. Una caja de ahorros, la de los cordobeses…, perdón la de los constructores, controlada por el cabildo, que transformó totalmente su razón de ser y en vez de hacer negocio prestando dinero a la sociedad y a la economía cordobesa se dedicó a poner en riesgo la existencia de la misma como consecuencia de una excesiva inversión en el ladrillo. 

 Y es que, allá por el año 2004, el consejo de administración de CajaSur, sin participantes del PSOE y en el que se encontraba, entre otros, el parlamentario andaluz y flamante candidato a la alcaldía de Córdoba por el PP, José Antonio Nieto, siguiendo las directrices del gobierno del PP y de su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro condujeron a esta entidad  a la senda del pelotazo inmobiliario sin prever los riesgos que ello conllevaría.

 El día 10 de octubre de 2002, en el Diario ABC, Cristóbal Montoro,  queriendo restar importancia a las advertencias del Banco de España sobre el excesivo nivel de endeudamiento, señaló que el incremento de endeudamiento de las familias españolas cuando adquieren una vivienda no preocupaba al Gobierno, «ya que la compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro, y eso es muy bueno». Además señaló que si la economía española atraviesa por un momento de crecimiento sostenido es gracias «a la fortaleza del sector inmobiliario». «Estamos creciendo cuatro veces más que la media europea -apuntó- y hemos recortado distancia a los países más desarrollados. Todo esto es gracias al comportamiento de la construcción, que ejerce de motor económico». Asimismo subrayó el papel de «actividad anticíclica» que está desempeñando el sector inmobiliario. En su opinión, el «boom» del mercado de la vivienda ha contribuido a un «círculo virtuoso» de la economía, al empujar la creación de empleo y, consecuentemente, la demanda de nueva vivienda.

 Esta era la irresponsable política económica y las recetas que el PP aplicaba allá donde participaba y ello incluía en su estrategia a las Cajas de Ahorros, circunstancia que finalmente originó, en el caso de CajaSur una sanción por el Banco de España al consejo de administración de la caja cordobesa con motivo de su elevada concentración de riesgo de la inversión crediticia en el sector inmobiliario.

 Ahora, que se ha conocido todo esto, Nieto no sólo no asume su responsabilidad sino que además se niega a reconocer que de aquellas aguas…, estos lodos y como resultado de todos estos despropósitos o bien la caja se fusiona con otra entidad solvente (de sobra es sabido que el PP desea que sea con otra caja de una comunidad autónoma gobernada por ellos) o bien debe ser intervenida por el Banco de España para evitar así males mayores a todos esos cordobeses y cordobesas que durante tantos años han depositada su confianza en esta entidad.

 Pero esto no queda ahí. Pues supongo que la debilidad de CajaSur también habrá tenido su influencia para que en la provincia de Córdoba se hayan reducido, durante el segundo trimestre de 2009 (comparado con el mismo período del año anterior), los créditos al sector privado un 3,29%. Ha sido, con diferencia, la provincia que más los reduce, por encima de Málaga que baja un 1,89%; de Almería que desciende un 0,74%; Jaén lo hace un 0,71%; Huelva un 0,60% de bajada; Cádiz un 0,17%; mientras que Granada con un 0,26% y Sevilla con el 0,03% incrementan el crédito al sector privado.

 Y arrastrada por esta circunstancia, también es Córdoba la provincia andaluza que menos reduce, entre enero y agosto de este año, el importe de la morosidad. Nos encontramos 24,38 puntos por debajo de la reducción media de la morosidad en Andalucía.

 Por tanto es loable que el PSOE cordobés haya puesto sobre aviso a los cordobeses y cordobesas para que no se dejen llevar por este tipo de gestores irresponsables que han llevado a CajaSur a un estado lamentable. Tan lamentable que, a tenor de los datos  que he comentado anteriormente, probablemente también pudiera estar teniendo un efecto negativo para que el crédito no llegue con fluidez ni a las familias, ni a los autónomos ni a las empresas cordobesas.

 Nieto debiera de reflexionar y abandonar el cinismo cuando hable de la fusión de CajaSur o de los problemas de las empresas, de los autónomos, de las familias, porque él ha ayudado a crear uno muy gordo, que dejará de ser pecado cuando se arrepienta y pida disculpas a los cordobeses y cordobesas, en vez de convertirse en otro “Querellator” como Javier Arenas.

Muchas veces no cae uno en la cuenta que cuando expresamos nuestros pensamientos, opiniones, o vivencias en un blog personal, nos estamos abriendo a Internet, al mundo y por tanto lo que, en un principio, era una reflexión personal a través de un post se convierte finalmente en un planteamiento que va más allá de la privacidad del momento.  De ese momento que te ha permitido, a modo de opinión, desahogarte y evadirte de cualquier otra circunstancia que te haya tenido ocupada la mente.

Por tanto, ahora mismo, con la absoluta consciencia de que me puede leer cualquier persona voy a hacer una excepción escribiendo esta carta abierta.

 Todo esto viene porque ayer opiné sobre unas declaraciones de Lorenzo Amor que leí el pasado día 13 en una agencia de noticias. Y la verdad sea dicha…, he de reconocer que me provocaron cierto “calentón”. Lo que hizo que probablemente pusiera excesiva pasión en algunas de mis reflexiones.

Siempre he pensado que un exceso de pasión en un planteamiento determinado puede llegar a desvirtuar la razón. O dicho de otra manera, que hay cuestiones sobre las que uno debe meditar y reflexionar concienzudamente antes de expresarlas. Esta máxima igual que vale para mí, también debe valer para Lorenzo Amor o para cualquier otro ser humano.

Con el paso de los años, también he podido comprobar que el “sensacionalismo” sólo aporta titulares en los medios de comunicación, pero no soluciones. Y también he comprobado que no se dicen más verdades por decir más barbaridades… Supongo que todos coincidiremos en estos planteamientos.

Por tanto, creo que aquellos que nos ponemos al servicio de los ciudadanos, o de un colectivo concreto debemos de practicar “el compromiso responsable” que no es otra cosa que defender los intereses de aquellos a quienes representamos con absoluta responsabilidad. Voy a poner como ejemplo un tema que conozco a la perfección: un sindicalista no defiende los intereses de los trabajadores de una empresa mediante el insulto, ni cuestionado permanentemente al empresario, ni dudando constantemente de la viabilidad de la empresa ni generando desconfianza hacia la misma. Defiende los intereses de sus representados a través del diálogo, la negociación y la colaboración, intentando buscar soluciones a todos los problemas que tenga esa plantilla y aspirando a conseguir los mejores resultados para los trabajadores en función de la situación económica de la empresa. Y cuando no se llega a acuerdos razonables entonces se utiliza la movilización y las medidas de presión que se consideren necesarias. Lo hacen así por que son conscientes que hacer lo contrario puede suponer perder la empresa y consecuentemente los puestos de trabajo.

Pues esa responsabilidad es la que se echa de menos en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Y con esto no quiero decir que ni Lorenzo Amor ni ATA sean unos irresponsables. Por lo que yo conozco de ATA y de sus dirigentes en Andalucía me consta que no.

Y esta responsabilidad a la que apelo es la misma que me hace pedir disculpas por si con mis reflexiones de ayer, de hoy,  o con alguna anterior, alguien pudiera haberse sentido ofendido. Nada más lejos de mi intención.

El presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA),  Lorenzo Amor, más que defender los intereses del colectivo al que representa parece estar opositando a un cargo en el PP.

Y es que Lorenzo, siguiendo la línea de los dirigentes del partido popular, se ha suscrito al catastrofismo y a los malos augurios. Hace poco tiempo “predijo” cinco millones de parados en España, menos mal que un informe de su Observatorio del Autónomo le rebajó la previsión a 4,7 millones. Esperemos que, conforme vayan pasando los días, los analistas de ATA continúen con apreciaciones a la baja y deshaciendo los pronósticos del presidente nacional porque ello sería una muy buena señal.

Hay otra cuestión a la que se suma Amor, la reforma laboral, que en su boca suena más a correa de transmisión política que a una verdadera reivindicación de su colectivo, pues, hasta ahora, ninguna de las asociaciones que representan a los autónomos han puesto esta circunstancia sobre la mesa. Sin embargo no cuenta Lorenzo Amor que el gobierno socialista ha sido el que mayor esfuerzo ha realizado para ir eliminando los agravios que, desde hace muchos años, se vienen manteniendo con el colectivo.

Años en los que también ha gobernado el PP, ocho concretamente, y en los cuales no movió ni un sólo  dedo por los autónomos. No ha sido hasta ahora, con un gobierno socialista, cuando los autónomos y autónomas han tenido una Ley específica para ellos/as que actualmente está es fase de desarrollo,  la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.

No ha sido hasta ahora, cuando los autónomos están tenido derechos no sólo coyunturales por la crisis, sino además estructurales para que afronten un futuro con más garantías mejorando  incluso su protección social. Basta observar los acuerdos  de la Mesa del Trabajo Autónomo del día 5 de mayo de 2009, donde participan ATA, UPTA y CEAT para comprobar el gran esfuerzo que realiza el gobierno con estas personas. Es posible que ello le pese a Lorenzo Amor, pero esta es la realidad… que los socialistas se están implicando hasta los ojos en los problemas de los autónomos.

También me parece poco riguroso que el pasado  13 de octubre, Lorenzo Amor denunciara públicamente la existencia de 1,3 millones de empresas que, según él, trabajan en negro.  Me parece un absoluto despropósito que generalice y que no actúe denunciándolas ante la inspección de trabajo.

Pero lo que me parece más frívolo, típico de la filosofía de derechas, es que Lorenzo hable de fraude de quienes cobran una prestación y según él luego “están trabajando de paletas por las tardes, y no hable de fraude fiscal, no hable de quines utilizan bajo cuerda y sin dar de alta  a “esos paletas”. Claro,  de eso no le interesa hablar…

Por último, típico del pensamiento neoconservador, la insolidaridad…Me parece muy fuerte la siguiente frase de Lorenzo: “Yo no quiero pagar con mis impuestos el subsidio de alguien que me está haciendo competencia desleal”. Claro… ni yo tampoco quiero que con los impuestos que yo pago se den subvenciones a empresarios desaprensivos que no cumplen con los convenios, que no pagan los salarios pactados y que además defrauden a Hacienda.

Pero, que no olvide Lorenzo que de mis impuestos también se sacan las ayudas que el gobierno les da a los autónomos…

Y es que para defender a un colectivo como el de autónomos me parece que no es necesario utilizar tanto negativismo ni tanta mala uva…, salvo que se estén buscando otros objetivos.

Viendo la gestión del Gobierno de Núñez Feijóo en Galicia se comprueba que el plan de austeridad por el que aboga Rajoy no significa otra cosa que dar el tijeretazo a los gastos sociales. El PP gallego lo está poniendo en práctica recortando gastos en educación, en sanidad y en la aplicación de la Ley de Dependencia.

El Gobierno de Núñez Feijóo también ha desenmascarado la alternativa fiscal del PP. Rajoy pregona la bajada de impuestos, pero el Gobierno gallego multiplica el canon de agua, de forma que todos los hogares de Galicia pagarán un 100 % más por su consumo.

Veamos lo que el PP está haciendo en Galicia desde que ha entrado ha gobernar:

Han eliminado el programa de gratuidad de los libros de texto. Se suprime un derecho consolidado de las familias de Galicia y se crea un nuevo tributo: todos los padres deberán pagar parte o la totalidad de los libros de texto de sus hijos e hijas.

Han recortado las inversiones en los centros escolares públicos, como por ejemplo la  dotación de comedores escolares, aunque han subido en un 15 % las tarifas de los mimos. Mientras tanto, se están reponiendo conciertos con centros que segregan al alumnado en función del sexo.

Han suprimido las horas extraordinarias por la tarde en el sistema sanitario, lo que supone el cierre de los quirófanos por las tardes. Esto implicará 136 operaciones menos cada día y que, lógicamente, se incrementen las listas de espera quirúrgica. La suspensión de contrataciones de personal médico reducirá en cerca de 300 los especialistas en los hospitales gallegos.

Actualmente 25.000 familias en Galicia tienen personas dependientes. El PP dijo que en los 120 primeros días en el gobierno gallego llevaría a cabo la valoración de todas las personas que habían presentado solicitud, pero actualmente hay en esta comunidad más de 13.400 personas sin valorar. También aseguró que en 60 días todos los grandes dependientes percibirían el 50 % de las prestaciones y aun no se ha hecho.

Está produciéndose una paralización de las medidas de fomento del empleo, lo que ha provocado que el crecimiento del paro en esta comunidad esté por encima de la media estatal por primera vez en cuatro años. La EPA del segundo trimestre de 2009 reveló un incremento del paro en Galicia del 4,7 % frente al 3,2 % de la media del Estado.

Han presentado un proyecto de Ley de Aguas con la sorpresa de que el canon del agua aumentará un 100 % en los hogares gallegos. Tratan de disimular esta subida del precio del agua diciendo que aplicará una “tarifa social” para bonificar a los que menos consumen y a las familias numerosas, pero lo cierto es que dicha bonificación ya venía aplicándose. En el consumo doméstico, el coste actual del agua para los gallegos es de 0,20 euros por metro cúbico y con la nueva Ley pasará a 0,43 euros por metro cúbico.

Moraleja: NUNCA HAGAS LO QUE DIGAS……..

Estamos padeciendo una crisis económica que está obligando a las familias, a las empresas y a las administraciones a realizar planes específicos de austeridad. Es más, en nuestro país parece ser que el PP, o al menos eso aparenta ante los medios de comunicación, pretende erigirse en el partido político garante de la moderación del gasto. Cuestión ésta que ha acuñado en su estrategia política, pues incesantemente critican al Gobierno acusándolo de despilfarrador, derrochador y de que no querer reducir el gasto público.

Sin embargo el PP no practica con el ejemplo, porque en momentos como estos, en los que no se está en campaña electoral, ¿o quizás si?, este partido está llevando a cabo una ofensiva nada desdeñable en cuanto a lo que gasto se refiere. Podría decirse incluso que hacen ostentación de su poderío económico aparentando tener las arcas de partido bien llenas. Y es que durante el anterior curso político realizaron actos contra el PSOE y el Gobierno andaluz en diferentes provincias de nuestra comunidad autónoma con desplazamientos en autobuses, propaganda y con toda la parafernalia, que no es poca, la que conlleva este tipo de eventos. Lo que supone un coste económico importante todo ello sin valorar si además hubiesen tenido que pagar algún “complemento” como hicieron para fomentar la asistencia a aquel famoso mitin de Valencia.

Pero el domingo pasado comprobamos que el PP andaluz,  inicia el nuevo curso político  tal y como lo acabó, pidiendo austeridad para todo el mundo menos para ellos. Todo lo contrario, porque si cabe están haciendo alarde de mayor gasto… ahora con un acto en Dos Hermanas donde Javier Arenas imita a Camps en la famosa cena de la plaza de toros de Valencia, de la que Alfonso Guerra dijo que además de butifarra y morcilla también había algún chorizo, o a Feijó en el mitin de Silleda.

Como se puede comprobar, todos estos actos son todo un propósito de austeridad, o más bien de cinismo, de descaro o de incongruencia hacia la ciudadanía española. Pero  la demagogia del PP no tiene límites pues según ellos no le salen las cuentas de España. La verdad es que a mí tampoco me salen las cuentas del PP. No es posible realizar tal despliegue mediático con los ingresos que perciben de sus militantes… salvo que “el bigotes” presuntamente dejara las arcas del partido bien llenas o que los empresarios “mecenas” como Díaz Ferrán y compañía los paguen tal y como aparece en documentos judiciales y policiales.

Evidentemente el Gobierno no cuenta con este tipo de “aportaciones extraordinarias”, pero si está realizando los esfuerzos necesarios para que la austeridad sea una realidad y no una mera declaración demagógica que en boca del PP es tan biensonante como falsa.

El Consejo de Ministros aprobó ayer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, con un déficit del 5,4% para la Administración Central, tres décimas menos que el previsto anteriormente y un recorte del gasto del 3,9%, lo que supone, según el Gobierno, un esfuerzo de contención de gasto “sin precedentes” en todas las partidas no prioritarias.

Elena Salgado, recordó que los Presupuestos se enmarcan en un contexto de crisis, por lo que son “austeros”, comprometidos con el cambio de modelo y con un “marcado” carácter solidario.

También la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que el Presupuesto de 2010 incidirá en la recuperación del empleo al garantizar el gasto social y la protección a los ciudadanos que más han sufrido los efectos de la crisis económica.

En este sentido, el gobierno recordó que la mayor parte del ajuste en el empleo ya se ha hecho, pero que la tasa de paro se situará en el 17,9% este año, en el 18,9% en 2010 y en el 18,4% en 2011 y espera que la medida no supere el 19%”, pero al ser una media, es posible que la tasa supere esta cifra en algún momento del próximo año.

Para el gobierno, los Presupuestos comienzan el camino del reequilibrio de las cuentas públicas, aunque siempre en el marco de la condición de no retirar los estímulos económicos y fiscales hasta que la recuperación se “consolide”, tal y como acordó recientemente el G-20 y como ya había puesto de manifiesto el Ecofín.

LOS INGRESOS CRECERAN UN 21%.

Según las cifras, los ingresos del Estado, después de la cesión a los entes territoriales, alcanzarán los 121.626 millones de euros el próximo año, un 21,2% más que la previsión de liquidación de 2009, mientras que los gastos se situarán en 185.249 millones de euros, un 3,9% menos.

La subida fiscal supondría más ingresos para las administraciones territoriales (unos 2.810 millones), que tienen que figurar en los Presupuestos, lo que ha hecho que el Gobierno incremente el límite de gasto no financiero en esa misma cantidad para no detraer de forma adicional el gasto de los ministerios.

Según el gobierno, algunas medidas puestas en marcha en 2009 se compensarán, en parte, en 2010, mientras que la crisis irá reduciendo sus efectos, lo que permitirá que la recaudación de los diferentes impuestos empiece a recuperarse el año que viene, excepto el IVA, que seguirá a la baja por la pérdida de beneficios de las empresas.

PARTIDAS DE GASTO.

Salgado explicó que la caída del 3,9% hay que compararla con el gasto finalmente ejecutado en 2009, que se elevó en 16.898 millones debido a las medidas fiscales y a las partidas adicionales destinadas a la protección social, sobre todo a los desempleados para paliar los efectos de la crisis.

En concreto, adelantó que el gasto de personal crecerá un 2,7% en 2010 debido al incremento retributivo de 0,3% para las administraciones públicas, al 0,3% destinado a financiar los planes de pensiones de los empleados públicos, a la congelación de las retribuciones de los altos cargos y a la reducción de la oferta de empleo público.

Este incremento se destinará, fundamentalmente, a los ministerios de Justicia e Interior y no se deberá tanto a incrementos retributivos como a una mayor dotación de personal para cumplir con el Plan de modernización de la Justicia.

Los gastos corrientes, por su parte, aumentarán “muy ligeramente” y sólo por el efecto de la Presidencia española de la UE –que se celebrará en el primer semestre de 2010–, ya que el resto serán muy similares a 2009. Las transferencias corrientes, que suponen el 55% del total de gasto no financiero, caerán un 7,3% por los esfuerzos de austeridad no ligados al gasto social ni a los compromisos del nuevo sistema de financiación autonómica.

Las inversiones también descenderán, aunque serán asumidas por entes que no forman parte del presupuesto consolidado y que tienen capacidad de endeudamiento, lo que permitirá que las inversiones productivas se lleven a cabo, igual que las de I+D.

EL 51,6% A GASTO SOCIAL.

Con todo, el 51,6% del gasto se destinará a gasto social, el 21% a trasferencias a otras administraciones, el 6,3% a I+D e infraestructuras, el 6,6% al pago de los intereses de la deuda, el 6,2% a la financiación de servicios públicos básicos y el 8,3% restante a otras actuaciones económicas.

El Gobierno afirmó que estará “muy vigilante” en este sentido y que todos los ministerios han puesto de manifiesto su compromiso y disposición para ser austeros. “Siendo los Presupuestos más duros, también seguramente han sido los más fáciles para la ministra de Economía, gracias a la absoluta solidaridad que he encontrado en todos los ministros”, aseveró.

Por otro lado, desde el Gobierno se ha pedido que, con estas cifras, aquellos que reclaman mayores reducciones de gasto expliquen dónde las harían, ya que el gasto cae en todas las partidas que no son prioritarias.

Salgado aseguró que los Presupuestos se sustentan en el cuadro macroeconómico elaborado en el mes de junio por el Ejecutivo, que contempla una caída interanual del PIB del 3,6% para 2009 y del 0,3% para 2010. A su parecer, el Gobierno sigue estando de acuerdo con estas previsiones, tal y como indican los últimos datos conocidos.

SIN REVISAR LAS PREVISIONES.

“Creemos que podemos mantener esta previsión con los datos que tenemos”, aseguró Salgado, tras recordar que estas previsiones también incorporan una previsión de deuda del Estado de 41,7 puntos sobre el PIB en 2009 y de 49,1 puntos en 2010.

Así, para el conjunto de las administraciones, la deuda será de 53,4 puntos sobre el PIB este año y del 62,5 puntos el año que viene, aunque, según la ministra, el peso de la deuda en España en relación con el PIB será “considerablemente inferior” a otros países del entorno, cerca de 20 puntos menos.

A su juicio, con todos estos datos, el Gobierno podrá cumplir con su objetivo de mantener la protección social y la consolidación de algunas partidas como la atención a la Dependencia, así como mantener la inversión productiva y preparar así al país para el futuro.