CON EL PP CAE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO EN CÓRDOBA

Según los recientes datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la provincia de Córdoba “está sufriendo una importante caída de la protección por desempleo, tanto en el Régimen General como en el sector agrario”.

En diciembre de 2011, recién llegado el PP al Gobierno de España, en la provincia de Córdoba había 31.881 desempleados sin ningún tipo de prestación, y “15 meses después, el número de parados sin prestaciones ha ascendido a 43.633 personas, es decir 11.752 personas más, lo que supone un incremento del 37 por ciento”.

Esta misma situación se viene produciendo en el campo cordobés, “donde se ha pasado de los 21.017 subsidiados agrarios de marzo de 2012, a los 19.665 un año después”, es decir, un descenso de 1.352 personas menos percibiendo dicha prestación por desempleo, “todo ello como consecuencia de brutal reducción de las campañas agrícolas a raíz de la última sequía”, ha estimado.

En este sentido, es lamentable que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “haya engañado de nuevo a los trabajadores del campo andaluz, ya que se comprometió públicamente a que los trabajadores agrarios no se quedarían sin esta ayuda por no poder reunir las peonadas”. “Algo que evidentemente no se está cumpliendo ni en Córdoba, ni en Andalucía, donde 7.300 eventuales agrarios han dejado de recibir el subsidio, de ellos, más de 1.300 cordobeses”.

Estos datos certifican que la decisión del Gobierno del PP de reducir a 20 las peonadas exigibles para acceder al subsidio “se ha quedado muy corta y que por tanto no era baladí la reivindicación, tanto sindical como del PSOE, de no exigir ninguna peonada y la necesidad de un programa de fomento de empleo de carácter extraordinario”.

Ante esta situación de caída de la protección social, el Gobierno de la Junta de Andalucía “está demostrando que se puede gobernar mirando a quienes peor lo están pasando” y que por eso ha aprobado un Decreto-ley que tiene por objeto poner en marcha un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes que contribuyan a prevenir situaciones de exclusión social o paliar su impacto en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Decreto al que”debieran sumarse todas las administraciones sin excepción, complementando fundamentalmente el Programa de Ayuda a la Contratación”.